Moyano debió poner por primera vez la marcha atrás

Las acciones políticas pueden ser descriptas de muchas formas y con muchas denominaciones, según la visión y los intereses de quién lo analice, pero un paso atrás es siempre un retroceso, y el levantamiento del paro de hoy constituye la primera vez en muchos años, en que el camionero Hugo Moyano debe poner la marcha atrás en su caja de cambios sindical.

El acuerdo paritario al que arribó rápidamente con el sector empresario -apenas dos horas de reunión-, y su paradójica definición de que “los salarios han pasado a un segundo plano”, demuestran que la argumentación puramente sindical no se sostiene, y que debe analizarse el trasfondo político de una medida de fuerza que obró como un búmeran sobre su sector, con un malhumor social que condenó rápidamente la protesta.

Si la apuesta de Moyano era poner contra las cuerdas al Gobierno parece haber fracasado. Mostrando rápidos reflejos políticos y dejando en claro por qué el 54,11% de los argentinos la eligió para guiar los destinos del país, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner coordinó primero desde el exterior las respuestas del Gobierno y, finalmente, retornó desde Brasil para ponerse al frente de sus funcionarios.

Cristina obró con firmeza ante un gremio que desacató la conciliación obligatoria. Dispuso las sanciones económicas y legales pertinentes -incluida la denuncia penal radicada por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, contra la conducción del sindicato-, y resolvió la amenaza del desabastecimiento de combustibles.

Y todo sin claudicar en una de las premisas básicas planteadas por Néstor Kirchner al asumir el Gobierno en 2003, esto es, sin criminalizar la protesta social. No hay un solo dirigente ni militante camionero preso, golpeado por fuerzas de seguridad, o con algún tipo de derechos conculcados, pese a haber actuado al margen de la legislación.

Para Moyano, en cambio, la cosecha parece haber sido magra. El paro de la semana próxima fue anunciado en una CGT sin gremios con peso sindical y con apenas un puñado de sindicatos que ni siquiera ratificaron su adhesión a la medida de fuerza y movilización, salvo en contados casos como Dragado y Balizamiento o Canillitas, de escaso índice de afiliados.

El mayor logro del camionero, de dudoso rédito político, fue sentar en la cabecera de la mesa a Gerardo “Momo” Venegas, titular del gremio del personal rural UATRE, dirigente cercano a la dirigencia del campo y ladero de Eduardo Duhalde en los comicios de octubre último, en los que el ex presidente interino apenas obtuvo un 5,98 por ciento de adhesión popular.

Por el contrario, el Gobierno obtuvo el apoyo del conjunto de los gobernadores y delPartido Justicialista, además del rechazo explícito del titular de la CTA, Hugo Yasky (“nadie nos convoca a un paro por televisión”, dijo-, a participar del paro y movilización del miércoles próximo.

No fue el único en pronunciarse. El titular del poderoso sindicato mecánico SMATA, Ricardo Pignanelli, dijo que este tipo de medidas "no hace bien a nadie" y que "hay que apoyar el modelo ahora más que nunca", mientras el ferroviario Mario Rodríguez advirtió que su gremio no adherirá al paro y habrá trenes el día de la protesta.

En realidad, la Unión Ferroviaria junto a los otros gremios de ese sector y la UTA, que nuclea a los choferes de colectivos, ya se habían alejado de Moyano y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), dejandolo en soledad. La UTA se encolumna hoy en el denominado sector independiente y nadie espera que paren el miércoles.

Incluso el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, el último dirigente de peso del PJ en fotografiarse junto a Moyano hace pocas semanas, pidió al camionero “responsabilidad y prudencia”, y que los reclamos se canalicen “a través del diálogo", muy lejos de la dureza de Pablo Moyano y otros dirigentes camioneros.

Dejando de lado sus afirmaciones del pasado reciente, acerca de que “Clarín miente”, Moyano anunció paro general desde las pantallas de TN, pero no pudo sostener la medida de fuerza.

Buscando pegar en un punto débil para la sociedad como el combustible, Moyano hizo blanco en cambio en un tema sensible para los 40 millones de argentinos como YPF, cuya reciente nacionalización contó con la adhesión de amplísimos sectores de la sociedad.

El rechazo social se sumó a las consecuencias legales que Moyano comprendió que debía enfrentar ante la firmeza del Gobierno. La conciliación obligatoria desoída por la Federación de Camioneros expuso al sindicato a sanciones económicas -4.000.000 de pesos- y judiciales.

Pero lo más significativo es el aumento salarial conseguido. Presentado ante la opinión pública como un 25,5%, en verdad está escalonado de forma tal que para 2012 sólo regirá un 19,5%, ya que la última cuota se abonará con los sueldos de marzo, es decir a comienzos de abril 2013.

Más curioso todavía es comparar el resultado para los trabajadores de ese gremio con el de otros convenios firmados por otros sindicatos. Un trabajador de la UOCRA (Construcción) o de la UOM (Metalúrgicos) recibirá el primer mes un 24 y un 23,5 de aumento, respectivamente, mientras que un camionero recibirá sólo el 12% y deberá esperar a noviembre para un 7% adicional.

La pregunta surge sola. ¿Era un conflicto por salarios o tenía una intención política embozada? La afirmación del propio Moyano sobre que el acuerdo salarial quedaba en un “segundo plano”, releva de todo comentario.

Roberto Lago - TELAM